¿ES OBLIGATORIA LA PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE RUIDO?

¿ES OBLIGATORIA LA PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE RUIDO?

¿ES OBLIGATORIA LA PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE RUIDO?

10 noviembre, 2016

Las consecuencias perjudiciales que tiene el ruido para nuestra salud están presentes en nuestro día a día, nuestra forma de crear y nuestro desarrollo a lo largo de los últimos años ha creado un sinfín de actividades industriales, maquinarias, infraestructuras, etc. que han multiplicado el ruido ambiental dando como resultado cifras demasiado inslubles.

Seguramente nos hayamos hecho esta pregunta en más de una ocasión, ¿Es responsabilidad de Las Administraciones Públicas actuar contra las molestias ocasionadas por ruidos?, es un tema más complejo de lo que aparentemente demuestra.

Según argumenta Don Ángel Ruiz, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, este fenómeno siempre ha estado amparado dentro de las diferentes ramas del derecho según las causas y efectos concretos en cada momento. El “derecho de inmisiones” es considerado competencia de la vía Civil y atañe a ruidos comunes vecinales, pero esta tutela debe de ser Administrativa, ya que es responsable de prevenir, sancionar, castigar, etc.

Tanto el Tribunal constitucional como el Tribunal Europeo de Derecho Humanos acogen a este problema como opuesto al derecho de la intimidad del individuo en todas sus vertientes.

Sobre todo a nivel local, las Administraciones Públicas son las encargadas de defender el derecho de los ciudadanos en este ámbito, en el caso de su incumplimiento está fallando a sus obligaciones respecto a sus administrados.

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Es por esto que se crea un conflicto entre la jurisprudencia contencioso-administrativa y el poder público donde la primera tiene que hacerle hincapié a la segunda de sus obligaciones de socorrer al pueblo, problema cuya solución consistiría en aplicar medidas correctoras y preventivas, indemnizaciones, condenas de inactividad, etc.

Sin embargo, este asunto, penalmente y progresivamente, se está endureciendo contra los culpables de crear contaminación acústica (dueños de actividades autorizadas o ilegales), donde finalmente el desenlace no es otro que condenas por delitos contra el medio ambiente e incluso delitos de lesiones, ésto podría ser evitable si se aplicara sanciones a tiempo y con sanciones a medida.

Ángel Ruiz escribe que “La visatractiva del Derecho Penal que está olvidando cada vez más su ultima ratioestá llegando también hasta los regidores municipales, garantes del derecho fundamental del que estamos hablando. Y es que aunque parezca increíble, la solución penal pueda llegar a ser la solución final para la rampante inactividad de muchos de nuestros responsables públicos ante el problema descrito”.

De esta forma muchas de las víctimas deciden recurrir a la vía penal en vista de la incompetencia de las Administraciones públicas. Estas demandan estallan contra el causante del ruido dejando exime de responsabilidad a la Administración, pero esto está cambiando, lo que hace volver a replantearse si el municipio consta de alguna responsabilidad a parte de la administrativa o indemnizatoria, dado que la omisión por parte de este ente público puede incurrir en un delito de prevaricación ambiental.